El régimen legal de actividades portuarias y su mejora

El tema lo analizó el Dr. Alfonso Mingo Jozami, quien se desempeña actualmente como asesor legal de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte de la Nación.  Presentó un resumen de algunas de las acciones y medidas jurídicas que se han dado en el último tiempo por la gestión actual de Gobierno 

26.09.2018 12:49 | 

En una disertación realizada en el Timón Club, Jozami se remitió a lo técnico portuario, y en tal sentido detalló todas las medidas que el Gobierno ha llevado adelante, que según su punto de vista  "generaron cierta mejora"; y con el desafío de lograr resultados que estén a la vista, para lo que se necesita que la economía acompañe a la logística.

La primera medida que destacó fue la derogación de Disposición 1108 sancionada por el gobierno anterior, "todos sabemos los problemas de transbordos que teníamos, sobre todo ésto afectaba a la carga y a los puertos del litoral, e iba en desmedro de la actividad portuaria, además de violar el régimen legal del Mercosur" acusó. 

También en lo que respecta a la declaración del Verified Gross Mas (VGM), adoptada bajo el Convenio SOLAS, hizo referencia a la enmienda que se realizó por medio de una Disposición de la Prefectura Naval Argentina, "para garantizar que todas las cargas de contenedores tuvieran la carga real declarada, y que no  se declarara una carga aproximada, que después generaba problemas de seguridad en los buques al armar planes de estiba bajo datos que no eran los reales."

Luego mencionó el Decreto del Servicios de Practicaje y Pilotaje, dijo que estuvo orientado a dotar de mejores precios y competitividad al sector "rompiendo con cierta obligación que estaba instalada en el mercado de contratar servicios accesorios a lo que era el practicaje", si bien reconoció que "quizás es una medida que se podría haber generado con un poco más de consenso y menos rispidez."

En ese sentido también recordó que por la Ley de Navegación se trata de un servicio público orientado a garantizar la seguridad.

Y aclaró que en realidad, a partir del Decreto 817/92  "se logró la posibilidad de que llegara un momento donde el mercado estuviera preparado para desregularizarlo; es decir, se iba a ir en ese sentido, pero visto la realidad de los últimos tiempos, es que el Gobierno nacional decidió lo contrario y volvió a la regularización, eliminando esta posibilidad de liberar el sector hasta tanto no se acomode más el mercado y se ajusten los precios."

En cuanto a la Ley de Marina Mercante, Jozami explicó que fue otra medida criticada "por no haber sido la mejor Ley", y que desde el sector le criticaron que "se quedó corta a nivel de subsidios" pero dijo que hay que tener en cuenta que "muchas veces en política también lo ideal es enemigo de los posible."

En defensa de la Norma aseguró que hace mucho tiempo que no había una reforma en ese sentido, y que se han generado algunas medidas para fomentar mayor competitividad a nivel fiscal. Entre esas recalcó la promoción fiscal, la posibilidad de importar buques que se puede utilizar para dragas, "y que se establece un cronograma de antigüedad de forma tal que no sea en desmedro de la posibilidad de desarrollo de los astilleros y de la producción nacional de buques".

Por último, mencionó la Ley de sistematizaciones por operación para el desarrollo de infraestructura. Al respecto, explicó que lo que estableció es modificar el Régimen de Habilitación de Puertos y que eso "es un paso adelante". Si bien aclaró que la Ley tuvo su antecesor en un Decreto sancionado este año "que iba por más".

La medida se basó en un informe de la AGN que reportaba más de 100 puertos sin habilitación.

Sobre el Decreto previo, señaló que establecía la delegación de la autoridad ministerial -de la que dependía la Autoridad de Aplicación, en este caso el Ministerio de Transporte-, y la posibilidad de que se emita por Resolución ministerial la habilitación de los puertos. "Finalmente la Ley no salió con esa solución, sino que marcó eso para los casos excepcionales de los puertos privados que estuvieran operativos antes de la sanción de la Ley, y otra excepción para los puertos estatales -provinciales o nacionales- en cuyo caso sólo bastaba presentar una declaración jurada de operatividad que tenía que ser homologada por la Subsecretaría de Puertos."

Por otro lado destacó también la creación del Registro Nacional de Puertos y la posibilidad de realizar trámites a distancia, "que propone además transparentar cuadros tarifarios y más medidas para generar transparencia".

Por último, enumeró algunas medidas de público conocimiento del Puerto de Buenos Aires, en línea "con el chip de la reducción de costos", como ser la eliminación de los recargos del High Cube, baja de costos de cruceros, entre otras.

A lo largo de la disertación, Jozami presentó todo lo que está en cartera actualmente referido a las actividades portuarias, y agregó a la lista como pendiente la finalización del contrato de la Hidrovía en el 2021; la posibilidad de modificar políticas de dragado generando sinergías y bajar costos; normas a nivel ambiental; la licitación de la concesión del puerto de Buenos Aires,  "buscando mejorar condiciones en los pliegos", entre otros temas importantes vinculados con el comercio exterior.

Sobre la Administración General de Puertos aclaró que desde su punto de vista, "no hay razón para que exista una intervención que dure más de 25 años, creo que debería existir una cartera como órgano de control de ese puerto, que podría ser un ente portuario, pero salir de este estadío de intervención, eso hay que regularizarlo".

Las conclusión a la que arribó en su presentación, es que el Gobierno tiene distintas oportunidades de mejora que se presentan en lo que respecta al régimen legal, que se está trabajando en ese sentido para bajar costos y aumentar la competitividad en las actividades portuarias, pero enfatizó que debe existir un permanente diálogo entre el sector público y privado para llegar a buen puerto.

Al concluir la presentación, algunos de los empresarios y armadores presentes, le cuestionaron que en general las medidas que impulsó el Gobierno nacional "finalmente, no han logrado bajar los costos en la logística, sino que en la actualidad están subiendo"; y que si bien la regalmentación de la Ley de Marina Mercante es un paso adelante, no alcanza para que los buques vuelvan a la bandera nacional.