Denuncia por falta de control en el puerto de Buenos Aires durante el Gobierno anterior

17.10.2017 13:18 | 

La diputada nacional, Elisa Carrio, realizará una presentación judicial para que se investigue “el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad”, así como “el uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder”.

Se trata del cobro ¨bajo extorsión¨ de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido).

El cobro del TAP "se comenzó a exigir coercitivamente en 2011, como parte de un convenio entre las firmas Ivetra S.A (Instituto Verificador del Transporte.), APC S.A. (Administrative Processing Center), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires, y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional, que, a través del Ministerio del Interior y Transporte Florencio Randazzo.

Según la denuncia, el TAP sólo era ofrecido por APC S.A. y las terminales portuarias no admitían otros seguros, y concluye que "se avaló desde el Estado un monopolio de mercado", ya que "sin la contratación de este certificado, se impedía de hecho el ingreso y egreso de carga tanto de exportación como de importación”.

En la presentación judicial pedirán que la medida alcance a los directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, entre ellos Daniel González, accionista mayoritario de APC S.A.