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Desde visión jurídica es posible el traspaso del Puerto de Buenos Aires a la ciudad

Tal como explicó el Dr. Javier Guiridlian, -especialista en derecho administrativo, quien forma parte del equipo de trabajo en el proceso de formación de la Ley de Puertos para la ciudad-, la Ley 24093 de Actividades Portuarias , sobre todo en su artículo 11, determina que no hay obstáculo por el cual el puerto de Buenos Aires se traspase a la Ciudad 

20.04.2017 11:00  | 

Estuvimos presentes en el encuentro realizado por el Ministerio de Gobierno que a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puerto de Buenos Aires junto a la Subsecretaria de Reforma Política y Asuntos Legislativos convocó al diálogo para conocer las opiniones  y necesidades del sector para construir el proyecto de Ley de Puertos para la ciudad.

En ese marco, el abogado Javier Guiridlian amplió desde el punto de vista jurídico sobre el dominio y la jurisdicción de los puertos, haciendo un repaso de la legislación en el tiempo.

Comenzó su alocución explicando que cuando hablamos de propiedad pública se trata de bienes que sirven al bienestar general. Cabe aclarar que las propiedades del Estado se dividen en dos: bienes de dominio público y bienes de dominio privado ¨las dos son de pertenencia estatal, la diferencia es que los públicos sirven a un fin de interés general. ¨El puerto cumple con esa premisa, por ser un lugar que sirve para el intercambio de bienes y mercancías, y surgen dos conceptos importantes: el dominio y la jurisdicción¨ 

Según el Dr. Guiridlian el germen de la discusión entre estos dos conceptos nace en un discusión parlamentaria 1869. Hay una iniciativa legislativa de construir el Puerto de Buenos Aires, y del lado de la provincia tenían la oposición porque argumentaban que iban a construir un puerto sobre un territorio que les pertenecía. Allí se dio una discusión entre Vélez Sarfield y Bartolomé Mitre en ese sentido con argumentos a favor y en contra.

El Gobierno nacional quiere construir un puerto en un terreno que es ajeno, y la Constitución dice algo al respecto y de eso se valió Vélez Sarfield. Se trata de la clausula antigua 67 inciso 27 de Establecimiento de Utilidad Nacional, que dice que el Estado nacional podía pasar legislación exclusiva en territorios donde hay un fin general prevalente, el Estado nacional por sobre los locales, pero en tanto haya adquirido la propiedad por compra o cesión.

A partir de ese debate nace la división entre dominio y jurisdicción; donde el dominio es la propiedad, es decir la pertenencia de la tierra, mientras que la jurisdicción es la potestad de regular el o los usos de esa tierra. 

¨El puerto es un típico ejemplo de establecimiento de utilidad nacional, pero con una ponderación parcial desde este aspecto porque establece utilidad exclusiva en tanto hubiese adquirido el dominio¨ aclaró. 

¨Entonces si no se adquiere el dominio ya sea por compra o cesión no iba a poder tener la utilidad exclusiva por el articulo de establecimiento de utilidad nacional, y la realidad es que no todos los puertos se construyeron sobre terrenos cedidos o vendidos por la provincias-¨

Finalmente el Puerto de Buenos Aires se termina construyendo, porque en 1880, después de ese debate, la provincia de Buenos Aires cede el territorio de dominio al poder de la Nación. Luego, 2 años más tarde se celebra el contrato para la construcción y en 1889 inaugura el Puerto de Buenos Aires 7 años después. 

El Estado nacional, por más que haya construido puertos, en tanto no lo haya hecho en territorios cedidos por la provincia, iban a terminar siendo de titularidad de las provincias en donde los puertos se radicaron.

¿Cómo se justificó la jurisdicción nacional en materia portuaria?, por otro artículo de la Constitución que dice que va a haber jurisdicción federal en aquellos supuestos en los que exista interjurisdiccionalidad (un interés económico interjurisdiccional, donde los puertos eran representativos) 

¨En función de esa cláusula el Estado nacional entra a cubrir el bache de pasar por sobre la jurisdicción en puertos construidos en territorios ajenos, que eran de las provincias.¨

Luego, en 1989 se inicia un proceso de reforma del Estado, que bajo el ámbito portuario se refleja en una Ley Nacional de Actividades Portuarias -24093- que declara el cese de ponderar a los puertos como establecimientos de utilidad nacional. 

¨Eso se ve reflejado en el artículo 11, donde dice que todos aquellos puertos que el Estado tenga en propiedad y/o administración, que se transfieran a las estructuras de gobierno locales.¨ 

¨Entonces la Ley dice que se iba a transferir a las provincias, y a la Capital Federal pero de hecho esa transferencia nunca ocurrió. ¨La única transferencia que queda pendiente en materia de puertos a nivel nacional es la del Puerto de Buenos Aires.¨

Ahora, ¿es lógico que esa transferencia nunca ocurriera? -se pregunta el expositor- ¨la verdad que no porque la Nación llevó a cabo una manifestación en el sentido de cesantía federal de los puertos y así lo declaró, y se los transfiere a las provincias-¨ 

En las discusiones, el tema depende de si se considera a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una estructura de gobierno similar a la de las provincias, y ahí se centra el debate.

Como conclusión, la visión de Guiridlian es que por más de que haya un interés público, como el tráfico comercial, y que los puertos tienen semejante relevancia histórica, y se supone hay en juego un interés prevalente al local, en cuanto a la función del puerto; mientras tengamos la Ley de Actividades Portuarias, como la tenemos con artículo 11, no hay obstáculo por el cual el puerto de Buenos Aires se traspase a la Ciudad. 

Durante el encuentro estuvieron presentes también Fernando Galetto, y Fernando Cabrera como titulares Organismo Unidad de Proyectos Especiales Puerto de Buenos Aires.

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