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Humedales parte III

Rutas de buques que transportan hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas en navegación marítima nacional

15.09.2016 17:09  |   | Fuente: PNA

Prefectura Naval Argentina, como autoridad marítima, complementa el estricto control de las actividades relativas a la navegación comercial en las zonas especialmente protegidas, y ante la imposibilidad práctica de ejercer una vigilancia similar sobre la extensísima superficie del Mar Argentino, vio la necesidad impostergable de garantizar que en las rutas de los buques tanque petroleros y quimiqueros, no hubiera posibilidad alguna de que se produjeran derrames de sustancias contaminantes, ya sea por colisiones o por varaduras, indistintamente.

Si bien las restricciones en tal sentido parecieran coartar el ejercicio del derecho al libre tránsito garantizado por la Constitución Nacional, también hay que tener presentes las prescripciones del Artículo 41 de nuestra Carta Magna.
 Analizándolo comparativamente, no cabe duda que el ambiente (que es de todos) merece ser protegido con más celo que la actividad de algunos, sin caer en el impedimento ni el perjuicio grave o insosteniblemente restrictivo.

En este orden de cosas, los Arts. 192 y 194 de la Convención sobre el Derecho del Mar, otorgan potestades específicas para establecer rutas y esquemas de separación de tráfico; y el Artículo 2º del Decreto Nº 1.886/83, autoriza a la Prefectura Naval Argentina a proceder al dictado de las normas complementarias que sean necesarias. Por otro lado, el Decreto Nº 2.532/93 declaró de Interés Nacional las Tareas de Prevención y Control de  Derrames  Petroleros  en  Aguas  Adyacentes  a  las  Costas  Argentinas  y las  Acciones de Tratamiento y Supervisión a realizarse en la Jurisdicción Marítima.

 

Control de las rutas de los buques y detección de derrames. Servicio de buques guardacostas y servicio de aviación

El Plan Nacional de Contingencia - PLANACON contempla las tareas de otros componentes gubernamentales y privados, que pueden proporcionar recursos y asesoramiento técnico o científico en el lugar de un eventual suceso, tanto en la fase de planificación como durante la ejecución. 

En el Artículo 8º y en el Protocolo I del Convenio MARPOL se establecen prescripciones de notificación para el capitán o las personas encargadas del buque, y el Artículo 4º del Convenio OPRC 90 contiene disposiciones de la misma índole. 

Los planes deben incluir un sistema de alerta efectivo y comprobable, por lo que la notificación inicial y las que la continúen posteriormente, se transmitirán al organismo rector y a los órganos de apoyo, por los medios más rápidos posibles. La pronta evaluación de la amenaza que representa un acaecimiento de la navegación, es fundamental. Ante un derrame consumado, el nivel de control operativo correspondiente debe organizar la vigilancia de la mancha de hidrocarburos y predecir o estimar su desplazamiento más probable. 

Como la situación ambiental es un factor fundamental para la evaluación de la amenaza que implica un derrame, es preciso que dicho análisis incluya un rápido examen del peligro potencial que corren aves, fauna, pesca, los alicientes recreativos y paisajísticos, y demás recursos ambientales sensibles de la zona.

En un acaecimiento de la navegación es posible que no haya un derrame inmediato, pero sí que exista la amenaza, debido a la situación del/los buque/s y la posibilidad de que se produzcan fugas del cargamento o el combustible. Las operaciones de salvamento son complejas y exigen los servicios de personal experto, y como la preocupación es mitigar los daños debidos a contaminación en el caso de un siniestro, la manera de lograrlo es la asistencia rápida y eficaz al buque con su carga, lo que generalmente exige trasvasarla a otro buque tanque, alijándolo mediante equipos de bombeo móviles.            

La vigilancia rápida se efectúa utilizando medios aéreos (avión o helicóptero), contando con equipos de detección entrenados. La información aérea permite  graficar el desplazamiento y la extensión de la "mancha" en tiempo real, en especial cuando es de hidrocarburos pesados (los derrames químicos son en general muy difíciles de visualizar por tratarse de sustancias incoloras y su localización requiere otros métodos), y así el jefe en el lugar del suceso pueda encarar las medidas de acción apropiadas. 

La observación aérea es útil para determinar la extensión general en casos de contaminación costera, aunque debe confirmarse recorriendo las costas a pie, en especial porque la importancia de un impacto solamente se puede evaluar personalmente, inspeccionando el litoral permeable, debajo de su superficie. Esto implica una vigilancia continua durante las fases de limpieza, para decidir qué técnicas aplicar, siendo preferible la contención y recuperación del derrame a la dispersión química, como alternativa junto con la incineración y otras variantes de eliminación. El Plan establece los criterios para determinar si se pueden emplear opciones de ese tipo, dónde y cuándo utilizarlas, así como un análisis de los procesos necesarios para la aplicación de dispersantes.      

Es necesario prever que un derrame llegue a la zona costera y haya que retirar desechos, animales, peces muertos y detritos de la costa y de la superficie del agua, en el interior de caletas, lagunas costeras, bañados, bocas de arroyos, etc., para cuya limpieza se requiere numerosa mano de obra y maquinaria utilizada en ingeniería civil, por lo que los planes locales deben determinar su disponibilidad.

También se incluye el aporte de recursos para transportar los residuos de un derrame, recuperados en los lugares de acopio y eliminación, así como el equipo disponible y los lugares de almacenamiento temporal que pueden utilizarse para la recepción. La eliminación definitiva de esos restos depende de su naturaleza y del grado de contaminación, pero normalmente será realizada por un tratador de residuos peligrosos debidamente habilitado por la Autoridad competente en el tema.    
 
Debe vigilarse la marcha de las operaciones utilizando datos recogidos por la vigilancia aérea y los supervisores en el terreno, para ajustar el avance de la respuesta. Cada zona requiere distintas variantes de limpieza, ya que difieren ampliamente las exigencias para una albufera arenosa, un acantilado rocoso, o un cangrejal, por ejemplo. La decisión de finalizar las operaciones es del jefe en el lugar del suceso, después de consultar a las demás partes interesadas, ya que en algunos casos la continuación puede resultar ineficaz y el impacto ambiental negativo aumentar en vez de disminuír, o también haber llegado al nivel de limpieza deseado.

Culminadas las operaciones, son necesarios los trabajos de remediación del medio físico afectado, tarea que no está a cargo de la PNA primariamente, pero en la que sin duda la Institución habrá de cooperar en una forma u otra, por razones obvias. El grado de restauración se determina a través de consultas a todos los organismos competentes en materia ambiental: turismo, pesca, municipio local, industrias relacionadas y la administración portuaria. Las medidas en este sentido pueden ir desde la sustitución de la arena contaminada en las playas, hasta la reimplantación de vegetación acuática, la repoblación de moluscos costeros o el relanzamiento de proyectos de acuicultura.

En los sectores definidos como Zonas de Protección Especial - ZPE, u otras áreas sensibles determinadas por autoridades ambientales o de otro orden, puede ser necesario llevar a cabo estudios adicionales, para establecer si es preciso un mayor grado de restauración o de sustitución, u otras medidas para evitar mayores daños al ambiente costero, o para reducir tales daños. Si la Prefectura debe intervenir, el componente interno a cargo de la supervisión de las tareas de respuesta, habrá de examinar este factor en consulta con los organismos medioambientales apropiados.
           
Periódicamente, se revisan los planes para incorporar la experiencia adquirida en los ejercicios prácticos regulares y en los sucesos reales. También se actualizan las listas de puntos de contacto y sus datos, especialmente los referidos a comunicaciones, y los inventarios de equipo. Cualquier modificación organizativa o en los términos de referencia legal, que pueda conllevar cambios en el esquema de funcionamiento o en las orientaciones del sistema de  respuesta, debe incorporarse a tiempo en los planes afectados, mediante oportunas enmiendas y actualizaciones.  

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